El candiadto socialista, Juan Espadas, defiende la legalidad del macroporyecto y asegura que el consistorio no está ahora para asumir esos posibles gastos
El candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, se vio obligado ayer a pronunciarse por primera vez en campaña sobre la herencia envenenada que deja el actual alcalde, el también socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, bajo la forma del proyecto de la Torre Cajasol. Tras las declaraciones del candidato del PP, Juan Ignacio Zoido, que aseguró el martes que revisaría la licencia urbanística del proyecto para garantizar su legalidad y que dudaba de su viabilidad económica, Espadas salió ayer en velada defensa del rascacielos promovido por los últimos gobiernos municipales de Sevilla.
En respuesta a preguntas de elEconomista, Espadas se refirió a las posibles consecuencias de esa revisión de la licencia urbanística, a la que se opone y que tacha de oportunista: "El Ayuntamiento incurriría en una doble responsabilidad; frenaría una iniciativa empresarial lícita y legítima y tendría que indemnizar a Cajasol por privarla de un derecho que el planeamiento le reconoce. No creo que los recursos municipales estén para este tipo de decisiones".
La licencia otorgada al proyecto, a diferencia de la concedida a otras obras señeras de la ciudad y que se han parado por decisión judicial al apreciarse irregularidades en su tramitación, como la Biblioteca del Prado, no contiene ninguna cláusula de salvaguarda ante posibles reclamaciones al consistorio derivadas de problemas legales durante la construcción.
Fuentes de las plataformas opuestas a la macrotorre señalaron que esto es sorprendente en relación, por ejemplo, con la citada biblioteca paralizada por orden judicial y en cuya licencia se incluyó una cláusula de ese tipo.
Cumplimiento de la ley
Ante el recurso presentado por estas plataformas contrarias a la Torre Cajasol por presuntas irregularidades graves en su tramitación urbanística, el dirigente socialista defendió que la torre de 180 metros "es una iniciativa privada que cumple con la legalidad vigente en materia de urbanismo, y que respeta las previsiones del Plan General". Aunque añadió: "Dado que existe una demanda por supuestos incumplimientos en materia de legalidad urbanística, deberá ser un juzgado quién la determine, y en ese caso, y como siempre, mantendré el máximo respeto por las decisiones de los magistrados".
Espadas también criticó la contradicción de que el PP apunte ahora a una revisión de la licencia cuando sus representantes en Cajasol han votado siempre a favor. El propio Zoido era favorable al proyecto hace un par de años. Por último, eludió pronunciarse sobre la oportunidad de invertir más de 300 millones en el proyecto al tiempo que Banca Cívica (que integra a Cajasol) pide casi mil millones al Frob.
Primera demanda de colectivos cívicos contra la torre
